El grupo de 10 expertos en derechos ha escrito al Gobierno pidiendo clemencia, en medio de preocupaciones de que recibió asistencia jurídica inadecuada en el momento de su juicio en 2007, y de que los traumas anteriores y problemas de salud mental no se presentaron satisfactoriamente ante el jurado.
Fue declarada culpable de asesinato, en virtud del delito federal de “secuestro con resultado de muerte”, según informes de prensa, y un juez confirmó su sentencia de muerte en abril de 2008.
«Em. Montgomery fue víctima de un nivel extremo de abuso físico y sexual a lo largo de su vida contra el cual el Estado nunca brindó protección y para el cual no ofreció remedios ”, detallaron . “Sufría de varias condiciones de salud mental que el Estado no pudo atender”.
Continuaron diciendo que en lo que respecta al proceso capital, “el Estado la traicionó una vez más, sin considerar estos hechos esenciales y determinantes como atenuantes”.
Una existencia brutal
Un comunicado de prensa de la oficina de derechos humanos de la ONU ACNUDH , detalla la dura crianza que soportó la Sra. Montgomery, señalando que fue víctima de una crueldad terrible de por vida que comenzó cuando tenía 11 años, cuando fue sometida a múltiples violaciones y luego forzada en la prostitución, a los 15 años.
Cuando más tarde se casó, la mujer que ahora tiene 49 años fue sometida a más abusos, algunos de los cuales fueron capturados en video. Tuvo cuatro hijos antes de ser presionada para una cirugía de esterilización.
A la edad de 34 años, se había mudado 61 veces. Y, debido a los traumas que experimentó, desarrolló varias afecciones mentales graves por las que no tuvo acceso a tratamiento.
“El hecho de no tener en cuenta la historia personal y las experiencias traumáticas de la Sra. Montgomery es especialmente atroz, dado que, según los informes, las autoridades habían perdido varias oportunidades para intervenir y poner fin a su abuso”, dijeron los expertos.
Durante su infancia, un oficial de policía, un juez y un administrador escolar fueron informados o sospecharon que estaba siendo abusada sexualmente, pero no se tomó ninguna medida para ayudar a la Sra. Montgomery.
Trato cuestionable
En 2004, poco antes de que la Sra. Montgomery matara a una mujer embarazada, le cortara el estómago al bebé y fingiera que era suyo, su expareja había amenazado con tomar la custodia de sus hijos.
La Sra. Montgomery le había dicho falsamente a su nueva pareja que estaba embarazada.
En su juicio, según el comunicado de la ACNUDH, el abogado de la reclusa leyó un poema sobre la violación en lugar de presentar un testimonio experto sobre las décadas de abuso sexual y físico que había sufrido, sus trastornos mentales y su vínculo con su trauma y crimen.
Además, los fiscales utilizaron lenguaje discriminatorio y estereotipos en sus alegatos finales.
“Vergonzosamente, los años de abuso sexual de la Sra. Montgomery y la negligencia del Estado se vieron agravados por la discriminación de género que enfrentó, generalizada en todas las etapas del proceso capital en su contra”, sostuvieron los expertos independientes.
También señalaron que la abuela encarcelada aceptó la responsabilidad por su crimen, expresó un profundo remordimiento y mantuvo una conexión con sus hijos.
Ejecución reprogramada
En octubre pasado, estaba previsto que la Sra. Montgomery fuera ejecutada el 8 de diciembre, pero debido a que sus abogados contrajeron el COVID-19 , no pudieron solicitar el indulto dentro del plazo.
Por lo tanto, se le concedió una suspensión de la ejecución hasta el 31 de diciembre, lo que dio a los abogados tiempo adicional para presentar una petición de clemencia.
El 23 de noviembre, el Gobierno reprogramó la ejecución federal para el 12 de enero.
“Las normas internacionales son claras: la pena de muerte es siempre arbitraria e ilegal cuando el tribunal ignora o descarta hechos esenciales que pueden haber influido significativamente en las motivaciones, la situación y la conducta de un acusado capital. Tales hechos incluyen la exposición a la violencia doméstica y otros abusos. Una sentencia de muerte ejecutada en contravención de las obligaciones internacionales de un Gobierno equivale a una ejecución arbitraria ”, advirtieron los expertos.
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