El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mediante Resolución 955, de fecha 8 de noviembre de 1994, tomando en cuenta el genocidio ruandés cometido entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, en el cual parte de la población Hutu gobernante trató de exterminar a la población Tutsi, muriendo, según cifras estimadas, alrededor de 800 mil personas, conformó un tribunal especial de carácter internacional para perseguir y juzgar a los responsables del genocidio.