JARTUM (EFE).- La fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, afirmó hoy que están estudiando «muchas opciones» con el Gobierno de Sudán para juzgar a los acusados de crímenes de lesa humanidad en la región de Darfur, incluidos entre ellos el exdictador sudanés Omar al Bashir.
«Estamos estudiando varias opciones que probablemente tenga el Gobierno», dijo Bensouda en una rueda de prensa tras reunirse con el ministro de Justicia, Nasraldin Abdelbari, y el fiscal general sudanés, Taj al Sir al Hibr.
Agregó que hay «muchas, muchas opciones».
La letrada indicó que en su visita a Sudán, que comenzó el domingo, busca «obtener cooperación» del Gobierno para poder solicitar la entrega de personas sobre las que pesan órdenes de arresto en la CPI y «recopilar evidencias» contra los acusados.
El ministro de Justicia confirmó que en el encuentro se discutieron «diferentes opciones» y «sugerencias» presentadas por el Gobierno sudanés.
Por su parte, el fiscal general sudanés agregó que hablaron de «las gestiones del juicio de los implicados en las violaciones de Darfur y de facilitar la comparecencia de los acusados ante la CPI», en cumplimento del acuerdo de paz entre el Gobierno y los movimientos armados del pasado 3 de octubre.
En los últimos meses se ha especulado con varias opciones para que los responsables sudaneses, especialmente Al Bashir, sean juzgados, lo que pasaría por un tribunal híbrido compuesto de jueces sudaneses e internacionales; un tribunal especial con supervisión internacional o la entrega de los acusados a la CPI.
El Gobierno de Sudán anunció en febrero que está dispuesto a llevar a Al Bashir a la CPI, que mantiene abiertas dos órdenes de arresto internacional por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La CPI también reclama a otros líderes, como el exministro de Defensa Abdul Rehim Husein, y el exviceministro del Interior Ahmed Haroun, también acusados de cometer crímenes en Darfur.
El conflicto de Darfur azotó esa región del oeste de Sudán entre 2003 y 2008 y costó la vida a al menos 300.000 personas, provocando además 250.000 desplazados, según Naciones Unidas.
La Fiscalía sudanesa anunció en diciembre pasado la apertura de una investigación sobre los crímenes de Darfur, sin que hasta el momento se haya informado de progresos.