“Haber perdonado a {los|las} contratistas de Blackwater {es|existe|se halla} una afrenta a {la|el} justicia y a las víctimas de la masacre en la plaza Nisour [de Bagdad], {así como|particularmente} a sus familias”, aseveraron este miércoles los expertos* de la ONU {en|arriba|encima de} derechos humanos integrantes del Grupo {de|sobre} Trabajo sobre el {uso|empleo} de mercenarios .
El Grupo advirtió que el perdón otorgado por el saliente {presidente|dirigente} estadounidense Donald Trump a cuatro guardias de seguridad privados acusados {de|sobre} crímenes de guerra {en|arriba|encima de} Iraq viola las obligaciones que tiene {Estados|Estadios} Unidos según el derecho internacional y socava las leyes humanitarias y derechos humanos a nivel global.
El {pasado|anticuado} 22 de diciembre, Trump anunció su perdón a los cuatro contratistas {de|sobre} la empresa Blackwater {que|en comparación a} habían sido condenados {en|arriba|encima de} abril de 2015 por el asesinato {de|sobre} al menos 14 civiles desarmados, {dos|2} de ellos niños, {en|arriba|encima de} la concurrida plaza Nisour de Bagdad en 2007. Durante esa masacre {también|además|igualmente} resultaron heridas 17 {personas|elementos|entes} en una acción atroz que causó conmoción mundial.
Un tribunal de Estados Unidos procesó y halló culpables {de|sobre} múltiples crímenes a {los|las} mercenarios, sentenciando a {tres|3} de ellos -Paul Slough, Evan Liberty y Dustin Heard-, a {30|treinta} años de prisión por intento {y|por otra parte} voluntad de asesinato; {y|por otra parte} dictando cadena perpetua para {el|la} cuarto, Nicholas Slatten, por asesinato en primer {grado|nivel}.
Puerta a la impunidad
La presidenta del Grupo de Trabajo, Jelena Aparac, recordó que las Convenciones de Ginebra “ obligan a los {Estados|Estadios} a hacer rendir cuentas a {los|las} criminales de guerra aun cuando éstos hayan actuado como contratistas privados {de|sobre} seguridad”.
{En|Arriba|Encima de} este sentido, los {expertos|especialistas} llamaron a todos {los|las} Estados parte de esas Convenciones a condenar {los|las} perdones presidenciales.
“Garantizar la rendición {de|sobre} cuentas por esos crímenes es fundamental {para|con el fin de|si pretende} la humanidad y para la {comunidad|colectividad|comunión} de naciones”, recalcó Aparac.
Los {especialistas|expertos} aseveraron que los perdones, amnistías y otras {formas|maneras} de exculpación “ abren la puerta a futuros abusos cuando los países contraten compañías militares y {de|sobre} seguridad privadas para ejercer funciones inherentes al Estado”.
En {este|oriente} sentido, el Grupo {de|sobre} Trabajo hizo patente {una|esta es una} gran preocupación por {la|el} posibilidad de que {al|a su} permitir que las {empresas|firmas} privadas de seguridad operen con impunidad en {los|las} conflictos armados se aliente a los Estados a evadir sus obligaciones con las leyes humanitarias, delegando {cada|todo|cualquier} vez más sus funciones militares al sector privado.
El Grupo de Trabajo sobre {el|la} uso de mercenarios {está|se encuentra} integrado por Jelena Aparac, Lilian Bobea, Chris Kwaja, Ravidarn Daniel y Sorcha MacLeod.
Los Grupos de {Trabajo|Acción|Trabajos} y los relatores especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos . Los Procedimientos Especiales, {el|la} mayor órgano de {expertos|especialistas} independientes {en el|dentro del} sistema {de|sobre} la ONU para {los|las} Derechos Humanos, es {el|la} nombre general de {los|las} mecanismos independientes de {investigación|experimentación|estudio} y monitoreo establecidos por el Consejo para {hacer|ejecutar|provocar} frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en {todo|cualquier} el mundo. Los {expertos|especialistas} de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal {de|sobre} la ONU y {no|nadie} perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
