Madrid, 2 de julio de 2020. España se encuentra frente a la responsabilidad de transponer la Directiva Europea 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Por esta razón, más de 15 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Transparency International España, se han agrupado en la Coalición ABRE y han acordado publicar una carta solicitando un proceso legislativo abierto y participativo, sin esperar hasta Diciembre para ver un resultado final.

La iniciativa, en coalición con Blueprint for Free Speech y FIBGAR, espera lograr iniciar un proceso participativo y más transparente para alcanzar una transposición ambiciosa, horizontal y responsable de la Directiva Europea 2019/1937.

Un poco de contexto. Muchas personas alertadoras y denunciantes se encuentran hoy expuestas sufrir represalias, modificaciones en sus condiciones laborales, persecuciones, difamaciones y daños físicos. En la actual legislatura se han presentado diversas proposiciones de partidos políticos y organizaciones.

Recientemente, la proposición realizada por Ciudadanos ha sido votada negativamente en la toma en consideración, por ser considerada “insuficiente” para proteger a alertadores y denunciantes. Otras alternativas legislativas han tenido origen en el trabajo y compromiso de organizaciones civiles.

El pasado 02 de junio, el Ministerio de Justicia ha conformado un Grupo de Trabajo que depende de la Comisión de Codificación, integrado por miembros de diversos sectores sociales, pero que no toma en cuenta la opinión de las víctimas ni de la sociedad civil organizada.

Si bien los estatutos de la Comisión no establecen un mecanismo de participación, las organizaciones firmantes creen lícito solicitar el establecimiento de un canal formal para presentar opiniones expertas que sean tomadas en consideración durante el proceso de trabajo.

Aquí puede leer la carta.